Comunicado: El pelotazo urbanístico de las fuerzas progresistas en Chamartín, ¡no hay consenso sin la gente!


| 30 de julio de 2018 -
Anticapitalistas Madrid |


En esta carrera sin freno por “desbloquear” todas las operaciones urbanísticas heredadas del Partido Popular, el Ayuntamiento de Madrid nos regala una nueva foto, dando luz verde por segunda vez a la Operación Chamartín, rebautizada en julio del 2017 como Madrid Nuevo Norte. Cambian los protagonistas pero no las lealtades: no podíamos esperar que el PSOE con José Luis Ábalos a la cabeza pusiera en riesgo un macro proyecto especulativo que otorga sin concesiones el norte de Madrid al BBVA. Carmena y Ábalos aparecen satisfechos, dando por inaugurada una nueva fase del ciclo financiero inmobiliario en el estado español con los mismos o peores ingredientes que lo que nos llevaron a la crisis en 2008.

Esta misma semana, las organizaciones sociales que se oponen a la Operación Chamartín -FRAVM, Ecologistas en Acción, las asociaciones de vecinos de la Plataforma Zona Norte y el Instituto para la Democracia-, han pedido amparo al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para acceder a la documentación del convenio entre Distrito Castellana Norte (DCN) y Fomento. No se puede hablar de democracia sin participación ciudadana, y esa participación no es posible sin transparencia. El PSOE mantiene la misma política de opacidad y ocultación de la información que el PP negándose a auditar las condiciones originales de la concesión de 1993 y sus sucesivas modificaciones, prórrogas y ampliaciones.

Así, la semana pasada, Izquierda Unida -bajo el marco del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea-, presentó una Proposición No de Ley emplazando al gobierno central a la cancelación del convenio entre ADIF y DCN. Dicho emplazamiento tuvo una pronta respuesta por parte del Ministerio de Fomento y la propia Carmena, liquidando toda esperanza de paralización y escenificando nuevamente un cierre de filas en pro de los intereses de la banca.

No podemos ni debemos olvidar que en 2015, tanto Ahora Madrid como otras organizaciones políticas del bloque del cambio, suscribieron el “Pacto contra la Especulación y por el Derecho a la Ciudad en Madrid”, el cual señalaba como uno de sus principios rectores que el patrimonio público es condición necesaria para el reequilibrio de la ciudad y, por ello, no puede ser enajenable. En estas misma línea, el programa electoral de Ahora Madrid apostaba claramente por “Impulsar la paralización de la ‘Operación Chamartín’: Auditar los diferentes acuerdos que se hayan firmado con entidades públicas y/o privadas. Promover un proceso participativo abierto a distintas organizaciones representativas de la ciudad y profesionales del urbanismo, ecología y transportes, para generar propuestas en torno a los problemas y posibles soluciones sobre el desarrollo de la zona norte del Paseo de la Castellana y todas las zonas aledañas afectadas por el proyecto”.

Tres años después, el gobierno de Carmena se ha convertido en el paradigma de gobierno de un bloque del cambio que se adapta al marco de lo posible, de los límites de lo institucional, de la no confrontación con el gobierno central y con los poderes fácticos. La connivencia con las élites político-financieras se encarna en esta operación que se ha querido vender como “urbanismo de consenso”.

Porque si bien el Proyecto Madrid Puerta Norte presentado por el Ayuntamiento en mayo de 2016 fue percibido por muchas personas como una mejora, este consenso se ha hecho añicos frente al nuevo acuerdo firmado en verano de 2017. Un acuerdo que contempla, entre sus modificaciones, un considerable incremento de la tasa edificabilidad de Madrid Puerta Norte, pasando del 1,02 al 1,4, lo cual se traduce en la construcción de 26 torres como las cuatro de Florentino. Unos gigantes de hormigón que rodearán y aislarán los barrios de San Cristóbal, Begoña o Fuencarral en lugar de dotarlo de los equipamientos públicos que necesita.

Un acuerdo que prevé que sólo 2.000 de las 11.000 viviendas que se construirán serán públicas y ni siquiera consta de forma clara que vayan a ser viviendas sociales de alquiler barato, que es lo que Madrid necesita. Sería de justicia que si se enajena suelo público, un Ayuntamiento del cambio exigiera ventajas sociales a cambio, en lugar de perpetuar el desequilibrio entre el Madrid rico del Norte, con oficinas y viviendas de lujo, y el Sur pobre, con las instalaciones molestas: vertederos, incineradoras y urbanismo deficiente. Un acuerdo que supone un aumento de los problemas crónicos de movilidad en el Área Metropolitana de Madrid, con el traslado de las infraestructuras del Canal Isabel II y las cocheras de la EMT a las afueras de Madrid, con el consecuente despilfarro de dinero y contaminación.

No puede haber consenso en incrementar la desigualdad entre el norte y el sur de la ciudad, que ya es una de las regiones más segregadas de Europa, para construir una “city financiera” que afectará especialmente la calidad de vida cotidiana de los y las vecinas.

No puede haber consenso en torno a la financiación de los servicios públicos con las plusvalías inmobiliarias de la venta de suelo público. Se trata de una política nefasta extendida en administraciones y empresas públicas como ADIF, cuya deuda - que ascendía en mayo de 2018 a 17.600 millones de euros, marcando un récord histórico-, se quiere pagar con cargo a esta operación.

El único consenso que parece haber alcanzado este gobierno es con la banca y ADIF, ya que sigue sin tener en cuenta las alegaciones y demandas de los colectivos sociales. Hace tiempo que el Área de Desarrollo Urbano Sostenible dejó de convocar a la Mesa Social, formada por las asociaciones de vecinos, ecologistas y profesionales, para sólo reunirse con la Mesa Técnica, es decir, con el BBVA.

Por todo ello, emplazamos al PSOE a la auditoría del convenio para su posterior cancelación y exigimos al Ayuntamiento de Madrid que se escuchen las alternativas y propuestas de la Plataforma Zona Norte como representantes de los vecinos y vecinas que van a sufrir de forma directa los impactos negativos de esta operación. En concreto la petición de que el parque del proyecto fuera un parque lineal verde y no una losa de cemento; el mantenimiento del tejido industrial del barrio de Malmea, flexibilizando sus usos, o actuaciones inmediatas en los barrios del entorno, con propuestas concretas para Fuencarral, Begoña, San Cristóbal en materia de movilidad, como mejorar los accesos a la estación de Fuencarral, estudiar la creación de nuevas estaciones de metro entre Montecarmelo y las Tablas, implantar al menos una línea de autobús de alta capacidad antes de 2020, favorecer los traslados para peatones y ciclistas, etc.

Gobierne quien gobierne, no vamos a transigir con el uso del suelo público como pieza clave en la estrategia financiera del BBVA.

¡Madrid no se vende!

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